Sentencia del TC: Constitucionalidad del D.Leg. 1314 (Comprobación por los OSE de los requisitos para que el comprobante electrónico sea considerado como tal)

Como es sabido, mediante el D. Leg 1314 (pub. 31-12-16) se facultó a la SUNAT a establecer que sean terceros quienes efectúen la comprobación informática del cumplimiento de aspectos esenciales, para que se considere emitido el documento electrónico que sirve de soporte a los comprobantes de pago electrónicos y otros documentos relacionados. De esta forma, en determinados supuestos ya no sería la SUNAT quien efectuaría dicha comprobación.

El 25-3-19, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú contra el referido D. Leg. 1314 (Exp. 00005-2019-PI/TC). La Junta cuestionó la constitucionalidad formal del decreto legislativo, sustentándose en que este vulneraba el ámbito de la delegación de facultades otorgada por el Congreso de la República, mediante la Ley 30506, pues ésta no tenía una delegación expresa para que la SUNAT obligue a los emisores de comprobantes electrónicos a contratar con un operador de servicios electrónicos (OSE). En relación al fondo, la Junta sostuvo que el D.Leg. 1314 vulneraba: a) los derechos al secreto y a la inviolabilidad de los documentos privados, a la intimidad y a la reserva tributaria y b) el derecho a contratar libremente.

El 24-4-20, dicho Colegiado publicó en su portal web la sentencia por la que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad. Los fundamentos de ello fueron los siguientes:

Análisis de constitucionalidad por la forma

Se desestimó el cuestionamiento a la constitucionalidad formal del D.Leg. 1314 por las razones siguientes:

  • El Congreso estableció, de manera clara en la Ley 30506 (art. 2, inc. 1, lit. h), la materia de la delegación de facultades, la cual constituye un límite en el accionar normativo del Poder Ejecutivo, que debe respetar su objeto y alcances.
  • En la medida en que los OSE comprueban los datos contenidos en los documentos que soportan los comprobantes electrónicos, es decir, verifican que estos cumplan los requisitos exigidos legalmente para que se consideren emitidos y, así, coadyuvan a la SUNAT a realizar su labor fiscalizadora, la norma impugnada respondería a los siguientes encargos:
    1. optimizar los procedimientos administrativos y fortalecer las acciones de fiscalización posterior, incluyendo la capacidad operativa para llevarlas a cabo;
    2. regular o facilitar el desarrollo de actividades económicas y comerciales; y
    3. dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas.
  • La labor fiscalizadora de la SUNAT se desprende de la potestad tributaria del Estado, establecida en el art. 74 de la Constitución, y se ejerce discrecionalmente según el art. 62 del Código Tributario.

Análisis de la constitucionalidad por el fondo

  • El D.Leg. 1314 no ha vulnerado los derechos al secreto y a la inviolabilidad de los documentos privados, a la intimidad y a la reserva tributaria, por los motivos siguientes:
    • La reserva tributaria a la que está obligada la SUNAT se extiende a quienes accedan a la información protegida por ella, según lo establecido no solo por el art. 85 del Código Tributario, sino también por el D. Leg. 1314, que establece que los OSE inscritos en el registro correspondiente no pueden utilizar dicha información para fines propios, incluso si han sido retirados de tal registro.
    • La información que manejan los OSE es clasificada como confidencial en el art. 17, inc. 2 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
    • Si bien el D.Leg. 1314 permite que los OSE puedan acceder a cierta información confidencial del contribuyente protegida por la reserva tributaria —esencialmente, aquella contenida en los documentos electrónicos que sirven de soporte a los comprobantes de pago electrónicos—, ello no implica que se esté vulnerando los derechos indicados por la Junta de Decanos, pues la labor de verificación tiene las limitaciones constitucionales y legales, cuyo incumplimiento conlleva la imposición de sanciones.
    • La exigencia del certificado ISO/IEC 27001 a los OSE, así como del informe de auditoría anual que acredite el mantenimiento de dicho estándar, garantiza un adecuado sistema de gestión de la seguridad de la información al interior de este. Esta información incluye aquella relacionada con la labor que realizan los OSE en el Sistema de Emisión Electrónica, por lo que la adopción de dicha norma internacional coadyuva, a su vez, al resguardo de la reserva tributaria del emisor electrónico.
    • En los casos particulares que se evidencie alguna práctica contraria al deber de confidencialidad, “serán los mecanismos procesales correspondientes —y no este proceso abstracto (de inconstitucionalidad)— los que permitan determinar esta situación con claridad y ordenar su cese respectivo, con las sanciones a las que hubiere lugar.” 
  • El D.Leg. 1314 no ha vulnerado el derecho a la libertad de contratar, pues es el propio emisor electrónico quien determina a qué OSE va a contratar para realizar la comprobación respectiva, por lo que su derecho a la libertad de contratación no se ve vulnerado.

Desde que el Registro OSE mantiene una pluralidad de ofertantes del servicio de validación de los comprobantes electrónicos, los usuarios conservan el margen de elección que la Constitución protege.

Por demás, “si se asumiera que existe una intervención en este derecho (libertad de contratación) —el cual, como cualquier otro, no es ilimitado—, esta tiene un fin constitucionalmente válido, constituido por la protección de la intimidad del emisor electrónico, es decir, la norma cuestionada en estos términos coadyuva al resguardo de la reserva tributaria del contribuyente.”

 

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Sobre Dra. Sofía Chirinos

Abogada por la Universidad de Lima con estudios en el Programa de Especialización para Ejecutivos (PEE) de Derecho Corporativo de la Universidad ESAN. Se desempeña como abogada especialista en temas de tributación en la Editorial Economía y Finanzas S.R.L. Anteriormente, ha desempeñado funciones como asistente en el área de Tax & Legal de Deloitte.